Nueva York, 29 de marzo de 2026.- La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia que obligaba a la República Argentina a pagar más de 16,000 millones de dólares como compensación a accionistas minoritarios de YPF. La decisión, emitida el 27 de marzo de 2026, anula la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, quien había condenado al Estado argentino tras considerar que violó los estatutos de la petrolera durante la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en 2012.
El tribunal de apelaciones determinó que la jueza Preska realizó una interpretación errónea de la legislación argentina al tratar los estatutos de YPF como un contrato bilateral. Según el fallo, las demandas por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles ni el derecho público que rige la expropiación en Argentina. Con un voto en disidencia de uno de los tres jueces, la Corte devolvió el caso a la instancia inferior para que se realicen los procedimientos ulteriores conforme a esta nueva opinión.
El litigio fue impulsado por los fondos Petersen Energía y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, quienes alegaron discriminación por no haber recibido la misma oferta de compensación que la petrolera española Repsol. Cabe recordar que el gobierno de Cristina Kirchner acordó en 2012 un pago de 5,000 millones de dólares con Repsol, operación que dio pie a que estos inversores minoritarios iniciaran el juicio en Estados Unidos reclamando un trato equivalente.
La victoria judicial fue celebrada rápidamente por el presidente Javier Milei, quien destacó que el fallo despeja un nubarrón del horizonte judicial argentino y evita un pago que superaría la capacidad económica del país. Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía al momento de la expropiación, también valoró la resolución, señalando que la defensa del Estado se basó en que la legislación argentina estaba por encima del estatuto de la empresa.
Con esta revocatoria, Argentina obtiene un respiro en el mayor litigio que enfrentaba en tribunales extranjeros, mientras los demandantes evalúan sus siguientes pasos legales. La decisión ratifica además que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad en la demanda, manteniendo el foco del conflicto exclusivamente en las acciones del Estado soberano.