Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió este día una sentencia contra el Estado mexicano que determina su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, en el estado de Veracruz. El fallo, notificado en la capital del país, confirma la vulneración de los derechos a la vida y a la salud, así como la falta de garantías judiciales con perspectiva de género e interseccionalidad, en un caso que involucra denuncias de agresión sexual por parte de elementos del Ejército.
La Secretaría de Gobernación (Segob) recibió la notificación oficial del tribunal internacional, el cual detalló que las violaciones ocurrieron hace casi dos décadas y permanecieron impunes debido a la falta de una investigación efectiva por parte de las autoridades nacionales. La Corte enfatizó que el Estado falló en su obligación de proteger a la víctima, una mujer indígena, y de ofrecer recursos judiciales adecuados a sus familiares.
En su resolución, el organismo internacional ordenó al gobierno mexicano implementar medidas de reparación integral para las víctimas y sus familiares, además de establecer acciones de no repetición para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir. Aunque el comunicado oficial de la Segob no especificó los detalles financieros o los nombres exactos de los beneficiarios directos mencionados en el texto completo de la sentencia, se espera que el Estado cumpla con los estándares de justicia establecidos por el sistema interamericano.
El caso de Ernestina Ascencio ha sido emblemático para los movimientos de derechos humanos en México, ya que puso de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente a la violencia militar y la discriminación estructural. La sentencia de la Corte IDH representa un precedente jurídico que obliga al Estado a revisar sus protocolos de actuación en zonas de conflicto y a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.
Ante este fallo, se prevé que las autoridades federales deban presentar en los próximos meses un plan de cumplimiento que incluya actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, indemnizaciones económicas y reformas institucionales dentro del sector de defensa y procuración de justicia. La sociedad civil y los organismos de protección de derechos humanos mantendrán vigilancia sobre la ejecución de estas medidas para asegurar que la justicia sea efectiva y no solo declarativa.
