Por Redacción

Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- Una ola simultánea de violencia y conflictos sociales afectó a al menos ocho estados de México durante el fin de semana, con incidentes que incluyen protestas universitarias criminalizadas, ataques armados a autoridades locales, operativos masivos y corrupción policial. Las crisis, que se desarrollaron en Morelos, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Nuevo León y Yucatán, reflejan la compleja situación de seguridad en diversas regiones del país.

En Morelos, la Universidad Autónoma del Estado (UAEM) enfrenta tensión interna luego de que se filtrara un video que, según denuncias, busca criminalizar las protestas estudiantiles. La rectora Viridiana Aydeé León Hernández convocó a un diálogo para el martes siguiente, en un intento por desactivar la polarización dentro de la institución.

En Michoacán, un ataque armado contra la jefatura de tenencia en Tangamandapio dejó una persona muerta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prometió cero impunidad en el caso, compromiso que se dio tras la presión de organismos internacionales como la ONU por la falta de avances en la investigación del asesinato del activista Bernardo Bravo.

Mientras tanto, en la comunidad mixteca de Guerrero Grande, Oaxaca, unos 250 habitantes enfrentan violencia por parte de civiles armados, según reportó la agente municipal Eustaquia Sandoval Galindo, quien denunció la ausencia de policías estatales y federales para contener la situación.

Las autoridades también realizaron operativos de gran escala. En Coahuila, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de más de 100 personas. En Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detuvo a cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala. En Veracruz, se logró la captura de un detenido, y en Yucatán, cuatro policías municipales fueron arrestados por su presunta vinculación con el grupo criminal Los Blancos de Troya.

Este mosaico de violencia simultánea subraya los desafíos multifacéticos que enfrenta México en materia de seguridad, donde la criminalidad organizada se entrelaza con conflictos sociales locales, corrupción institucional y una respuesta estatal que varía en efectividad entre regiones.