Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras más de 100 días de separación del cargo por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, generó una crisis política al interior de Morena. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, presidido por Ariadna Montiel Reyes, informó que no tuvo previo conocimiento de la determinación y se deslindó de la misma.
La Secretaría de Gobernación estableció que la vuelta de Rocha Moya respondió a una decisión de carácter personal. En ese sentido, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostuvieron que la medida no fue consensuada con representantes del instituto político ni otras autoridades. Asimismo, 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, cuestionaron el proceder del político sinaloense.
Ante las posturas emitidas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el interés personal no podía imponerse a los intereses del pueblo y de la nación. Como resultado, Rocha Moya solicitó nuevamente licencia el 22 de agosto, manifestando ante el Poder Legislativo: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”.
En medio de la controversia, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal en Baja California, descartó que el deslinde partidista vaya a perjudicar al organismo. Entrevistado este lunes 24 de agosto en Tijuana, afirmó: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”. Agregó que la presidenta tomó medidas “a tiempo y en forma”, destacando como acto relevante la separación por segunda ocasión del gobernador.
Paralelamente, el senador Enrique Inzunza anunció que dejará el encierro el próximo 30 de agosto para ocupar físicamente su escaño durante la plenaria de la bancada de Morena, previa al inicio del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista integrado por Morena, PT y PVEM indicaron que Inzunza no cuenta con el respaldo del coordinador Ignacio Mier ni de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con otros funcionarios, por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa. Desde entonces, se mantienen en un limbo jurídico sin ser procesados ni exonerados, aunque la Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas. Inzunza ha evitado los reflectores desde mayo, salvo por una reunión con Javier Corral en Culiacán y su reciente ingreso al Palacio de Gobierno para ver a Rocha Moya.
A pesar de su ausencia, Inzunza ha conservado su cargo, fuero constitucional y sueldo íntegro, habiendo solicitado solo 22 horas de licencia en mayo para permitir que su suplente votara reformas en periodo extraordinario. Su participación durante el receso se limitó a una intervención remota en junio en la Comisión de Justicia.
