Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- El asesinato de dos profesoras en una escuela preparatoria de esta ciudad, perpetrado por un estudiante de 15 años, detonó un debate a nivel nacional sobre la conveniencia de modificar la legislación para juzgar a menores de edad como adultos cuando cometen delitos graves. El hecho ocurrió la mañana del 24 de marzo en las instalaciones del Colegio Antón Makarenko, donde el agresor acabó con la vida de Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó el suceso como muy doloroso y señaló que todo parece indicar que el ataque fue planeado y que las víctimas eran el objetivo específico del joven. Ante la magnitud del crimen, la mandataria afirmó que el tema de juzgar a menores como adultos es algo que se tiene que discutir en el país, por lo que consideró necesario abrir el debate al respecto.

Por su parte, Carlos Torres Piña, Fiscal de Michoacán, informó que buscarán que el adolescente sea juzgado por tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo. El funcionario reconoció que el rifle AR-15 utilizado en el crimen es ilegal, no cuenta con registro y ingresó al país de manera ilícita. A pesar de la gravedad de los cargos, Torres Piña confirmó que el caso se procesará bajo el sistema de justicia para adolescentes.

Bajo la normativa vigente, la pena máxima legal para un menor de entre 14 y 15 años es de tres años de internamiento en centros especializados, enfocados en la rehabilitación. En contraste, si el responsable fuera un adulto, la sanción por feminicidio podría ascender hasta a 50 años de prisión. Esta disparidad ha generado malestar en los familiares de las víctimas, quienes exigieron que el proceso judicial se lleve a cabo como si el agresor fuera mayor de edad, argumentando que se trató de un hecho premeditado y no impulsivo.

Christian N, hermano de Tatiana Madrigal, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario, manifestaron públicamente su postura exigiendo justicia severa. Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado expresando condolencias y solidaridad con los deudos y la comunidad educativa, reiterando su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia.

En respuesta a la crisis, la Presidenta Sheinbaum anunció la implementación de un programa nacional de salud mental para adolescentes. La estrategia incluye capacitación para docentes y la contratación de personal especializado, iniciando su aplicación en los niveles de secundaria y educación media superior. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen exacto del arma y los motivos precisos que llevaron al alumno Osmar N a cometer este doble homicidio.