Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- Cinco despachos de cobranza, contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, han recuperado cuentas de usuarios domésticos con un retraso de tres meses, generando ingresos que superan los 400 millones de pesos tan sólo en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), según información del Semanario ZETA.
De acuerdo con la investigación, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración actual. Esta cifra corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye por estos servicios.
Los cinco despachos reciben una comisión del 5 por ciento más que la que percibía la empresa Fisamex. Se trata de cinco empresas que prácticamente se distribuyen los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito, las cuales buscan a usuarios con retrasos de tres meses para notificarlos y darles seguimiento al cobro del recurso hídrico exclusivamente a usuarios domésticos.
Dos de estas empresas pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, quien fue socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas. Entre los propietarios identificados está Josel Hernández Barroso, titular de la empresa BHA y Asociados, hermano de Luis Fernando y familiar de José Luis Hernández Silerio.
La CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega y anteriormente por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha requerido implementar decretos y esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. Según datos ofrecidos por el entonces director de la CESPT en diciembre de 2025, existen 750 mil usuarios activos, de los cuales 664 mil son domésticos.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda criticó e inició investigaciones administrativas y penales contra Fisamex por medidas de extorsión al cobrar el 20 por ciento por derechos de conexión al sector industrial y comercial. La actual administración ha decidido utilizar un esquema similar ampliado a toda la población, aunque con mecanismos descritos como mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad ciudadana.
