Por Redacción
Ciudad De México, 07 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), ahora encabezada por Ernestina Godoy, detuvo este 7 de agosto de 2026 al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Las autoridades lo señalan por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, específicamente por haber ocultado evidencia clave, como videos de cámaras de seguridad, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según la FGR, Aguirre ordenó “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder” para sustraer las grabaciones. La investigación indica que el exmandatario era gobernador de Guerrero durante la noche de Iguala. En mayo pasado, un segundo testigo protegido señaló que Aguirre ordenó expresamente desaparecer la evidencia grabada desde las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
El caso tuvo un punto de inflexión en enero de 2026, cuando ya con Ernestina Godoy al frente de la fiscalía, apareció un testigo colaborador que confirmó la existencia de las grabaciones y la presunta sustracción de las mismas por parte de funcionarios estatales. Previamente, la FGR, entonces dirigida por Alejandro Gertz Manero, había mantenido inmóvil la línea de investigación que apuntaba hacia este ocultamiento.
El arresto se produce un mes antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes. Este hecho convierte a Aguirre en el segundo exgobernador ligado a la oposición procesado y detenido, después del panista de Baja California, Ernesto Ruffo. Actualmente, existe una polémica abierta por una nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso, la cual suaviza los señalamientos al Ejército como responsable.
Antecedentes recientes muestran que el 24 de agosto de 2025, en Xochistlahuaca, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un regalo del exgobernador, declarando: “Uy, no, gracias; no recibo regalos de ellos”. Asimismo, en septiembre de 2019, Aguirre participó en una reunión con padres de los normalistas invitado por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y fue citado por la FGR para declarar en calidad de testigo.
