Torreón, 27 de marzo de 2026.- Tras un año de investigaciones sobre el llamado “Cártel Inmobiliario”, la Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó avances sustanciales con 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión giradas, aunque persiste una fuerte discrepancia con los afectados, quienes acusan a la autoridad de inacción y señalan que únicamente dos casos han sido judicializados.

El delegado regional de la Fiscalía en la Laguna I, Carlos Rangel, informó que se estableció una estrategia de atención directa que incluyó más de 20 sesiones de trabajo, tanto colectivas como individuales, con el grupo inicial de 27 víctimas que reportan un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Como resultado de estas acciones, la autoridad confirmó la detención de dos mujeres y la reaprehensión de otra implicada, aclarando que en un caso previo se alcanzó un acuerdo reparatorio avalado por la víctima, figura legal que la Fiscalía no puede impedir.

No obstante, la versión oficial contrasta radicalmente con el testimonio de los afectados. Alfonso Serrano, representante del grupo, acusó al fiscal general Federico Fernández Montaño de negarles atención efectiva, asegurando que en ocasiones eran citados desde las 9:00 de la mañana para ser atendidos hasta las 7:00 de la noche, sin obtener respuestas claras a sus llamadas. Los manifestantes sostienen que, a pesar de las 60 denuncias presentadas, solo dos han logrado ser judicializadas, calificando la actuación ministerial como tortuguismo.

Ante la protesta de las víctimas, que llegaron a bloquear parcialmente la circulación en las inmediaciones de la delegación regional exigiendo justicia, el delegado Rangel defendió el trabajo de su institución. El funcionario detalló que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y en proceso de judicialización, y reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como los principales organizadores del esquema, contra quienes ya existen órdenes de aprehensión pero que han promovido amparos para evitar su captura.

Entre los señalados figura el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, de quien las víctimas afirman que huyó a España para evadir la acción de la justicia, mientras que la Fiscalía mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias ante la posibilidad de que existan más perjudicados por este esquema fraudulento en la región lagunera.