Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que ha presentado demandas ante varios tribunales federales para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber realizado “delitos graves”.
Entre los afectados figura Andrea Johana Marroquín Rubiano, de 44 años, hija de un conocido capo de la droga colombiano asesinado entre 1998 y 1999. Según el DOJ, Marroquín obtuvo la residencia permanente ocultando su matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense y consiguió la naturalización en 2009 tras esconder sus antecedentes delictivos.
La investigación detalla que, entre 2003 y 2011, la colombiana participó supuestamente en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero. Se alega que utilizó fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre, que ascendían a decenas de millones de dólares, para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida.
Estados Unidos ha presentado cuatro demandas específicas contra Marroquín para revocar su ciudadanía. Aunque la justicia estadounidense no citó el nombre del padre de la acusada, aportó datos de una audiencia por cargos de lavado de dinero donde se le describió como un importante narcotraficante. Asimismo, se señaló que el tío de Marroquín, con quien mantenía una estrecha relación, fue condenado años atrás por fraude hipotecario en una corte federal de Florida.
Además de Marroquín, el DOJ ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, Haití, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica. Las acusaciones contra este grupo incluyen delitos como abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.
En caso de que estos procedimientos prosperen, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación. Esta ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Al respecto, el fiscal general interino, Todd Blanche, declaró: “Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, añadiendo que el objetivo es evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”.
