Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, modificando el artículo 27 que antes prohibía expresamente esta pena. La iniciativa del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas contó con 61 votos a favor, incluyendo 59 diputados oficialistas y aliados más dos de oposición, en medio de un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que las acciones del gobierno son “irreversibles” y defendió la medida como necesaria para combatir la criminalidad. Sin embargo, no especificó si la reforma requiere trámites adicionales antes de entrar en vigor o cuándo comenzaría a aplicarse.
La aprobación se produce en un contexto de fuertes críticas internacionales. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) ha vinculado las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño con posibles crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción, aunque el brief de investigación no detalla los cargos específicos.
El debate sobre la cadena perpetua enfrenta dos visiones: por un lado, el gobierno la presenta como una herramienta legítima en la lucha contra las pandillas que han aterrorizado al país por décadas. Por otro, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de violaciones a garantías fundamentales.
La reforma marca un cambio histórico en el sistema penal salvadoreño, que tradicionalmente había establecido límites máximos a las condenas. El artículo 27 de la Constitución había sido una garantía contra penas perpetuas desde su creación.
El contexto político muestra un gobierno con amplio control legislativo, donde la oposición ha tenido dificultades para contrarrestar las iniciativas de Bukele. Los dos diputados opositores que apoyaron la medida reflejan la complejidad del debate sobre seguridad en el país centroamericano.
La implementación de la cadena perpetua podría enfrentar desafíos legales tanto a nivel nacional como internacional, particularmente ante organismos de derechos humanos que han mostrado preocupación por las condiciones carcelarias y el debido proceso en El Salvador durante el régimen de excepción.
