Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador presentó una propuesta legislativa para imponer cárcel de por vida a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo que permitió la pena perpetua para adultos. La iniciativa, que deberá ser sometida a aprobación en la Asamblea Legislativa en los próximos días, marca un cambio drástico en la jurisprudencia penal del país, donde hasta ahora la condena máxima era de 60 años.
La medida fue anunciada en el contexto de la nueva normativa que eliminó la prohibición constitucional de las penas perpetuas, dirigida inicialmente contra homicidas, violadores y terroristas adultos. Ahora, el Ejecutivo busca equiparar la responsabilidad penal de los menores en casos de graves delitos contra la vida y la integridad sexual, aunque la investigación disponible no especifica el rango de edad exacto que se considerará para aplicar esta sanción ni el nombre técnico del proyecto de ley.
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, y Francis Merino, ministro de Defensa, figuran entre los involucrados en la promoción de esta política, aunque no se registraron declaraciones textuales específicas de ambos funcionarios en los datos proporcionados sobre los detalles operativos o la justificación puntual de la extensión a menores. La propuesta surge como un componente adicional a la estrategia de seguridad que ha caracterizado la administración del presidente Nayib Bukele.
Antes de esta reforma, la Constitución salvadoreña expresamente prohibía la cadena perpetua, limitando las sentencias a un máximo de seis décadas de prisión. La modificación aprobada el 17 de marzo rompió con ese precedente para los adultos, y la actual propuesta busca cerrar el vacío legal respecto a los adolescentes que participen en crímenes capitales, un punto que será debatido en el Congreso en el inmediato futuro.
La discusión legislativa que se avecina determinará si la Asamblea da luz verde a esta endurecimiento de las penas juveniles, lo que representaría una transformación profunda en el sistema de justicia penal para menores en El Salvador, alineándose con la doctrina de tolerancia cero que ha impulsado el gobierno en su campaña contra la criminalidad.
