Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el objetivo es contar con un marco legal único que permita a todas las fiscalías del país acabar con la impunidad y desarrollar políticas efectivas para la prevención de estos crímenes.

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. La propuesta establece una pena de prisión de 40 a 70 años para los responsables, sanciona la tentativa de feminicidio y contempla 21 agravantes para el delito. La iniciativa busca que las muertes violentas de mujeres se investiguen bajo la hipótesis inicial de feminicidio y con perspectiva de género, evitando que sean clasificadas erróneamente como suicidios u otros tipos de homicidio.

El anuncio se produce en un contexto de violencia persistente contra las mujeres. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. De este total, Sinaloa concentra ocho casos, seguido de la Ciudad de México y el Estado de México con cinco y cuatro respectivamente, mientras que Tamaulipas reporta otros cuatro.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó su apoyo total a la iniciativa legislativa. El legislador aseguró haber conversado previamente con la Presidenta sobre esta intención y confirmó que la bancada de su partido respaldará sin duda el dictamen una vez que sea turnado y discutido en el Congreso de la Unión.

La creación de esta ley general pretende homologar el tipo penal de feminicidio en toda la República Mexicana, estableciendo criterios uniformes para su persecución y castigo. Con esta acción, el Ejecutivo federal busca cerrar las brechas legales que han permitido la impunidad en diversos estados y fortalecer la capacidad de las instituciones de justicia para atender las demandas de seguridad de las mujeres.