Tenancingo, 18 de junio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra seis personas presuntamente relacionadas con la simulación del secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. La institución señaló que el evento, denunciado inicialmente como una privación de la libertad, fue un montaje para obtener un rescate de 40 millones de pesos del erario municipal y justificar un desfalco.
De acuerdo con las indagatorias, que incluyeron análisis de videograbaciones, entrevistas ministeriales y rastreo telefónico, tres personas ya fueron detenidas: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Cristian ‘N’. Contra otros dos hombres, identificados como José Roberto ‘N’ y Oscar ‘N’, familiares cercanos de la alcaldesa, existen órdenes de captura vigentes; ambos son considerados prófugos y habrían comenzado la planeación del supuesto delito desde febrero.
La Fiscalía indicó que un testimonio recabado refiere que “todo lo estaban planeando ellos, ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento, ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”. Las imágenes obtenidas durante la investigación no muestran actos de violencia física o sometimiento contra la servidora pública al abordar el vehículo, el cual era empleado habitualmente por una de las personas detenidas.
Según los elementos de prueba, la presidenta municipal habría dado indicaciones sobre rutas para evitar cámaras de vigilancia y, durante el trayecto, utilizó un teléfono celular para comunicarse con familiares. En una conversación telefónica pidió expresamente “que no avisara a la policía”. Los presuntos participantes fueron localizados días después en el estado de Oaxaca.
Nancy Nápoles Pacheco será sometida a una audiencia de formulación de imputación el próximo 9 de julio por el delito de simulación de secuestro. De conformidad con el artículo 13 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la servidora pública podría alcanzar una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, mientras que los particulares investigados podrían enfrentar hasta 16 años de prisión, o hasta 25 si se confirma el delito de extorsión.
Debido a los indicios relacionados con un posible faltante de recursos públicos por 40 millones de pesos, la FGJEM dio vista a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). La alcaldesa, quien fue diputada local por Morena y preside el Consejo Estatal del partido desde hace cinco años, denunció originalmente haber sido privada de la libertad el 31 de mayo, aunque algunas fuentes sitúan la fecha de la denuncia el 1 de junio.
