Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), han iniciado una investigación sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debido a presuntos vínculos con organizaciones de narcotráfico. La medida surge en un contexto de tensión diplomática entre ambos países, marcado por desacuerdos en materia migratoria y antidrogas desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
De acuerdo con información citada por The New York Times, que refiere a tres personas familiarizadas con el asunto, los procuradores estadounidenses están examinando supuestas reuniones entre funcionarios colombianos y actores del crimen organizado, así como posibles solicitudes de donaciones vinculadas a estos grupos. Aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, la participación de múltiples agencias federales indica la seriedad con la que Washington aborda las acusaciones.
Ante las consultas de la prensa, Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios sobre el caso. De igual forma, no se ha obtenido una respuesta oficial de la Presidencia de Colombia ni de la Fiscalía Federal de Brooklyn respecto a las alegaciones o al alcance preciso de las indagatorias. Hasta el momento, no se han hecho públicas evidencias concretas que detallen la naturaleza de los contactos investigados.
Este desarrollo jurídico ocurre mientras la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un periodo crítico. Desde enero de 2025, la administración de Trump ha expresado su molestia por la negativa de Bogotá a recibir vuelos militares con deportados, lo que derivó en la descertificación de Colombia por parte de Washington en materia de lucha contra el narcotráfico, un estatus que compromete la ayuda financiera y la cooperación estratégica entre ambas naciones.
La apertura de esta investigación por parte de autoridades estadounidenses contra un jefe de estado en ejercicio representa un precedente inusual en la diplomacia regional y podría escalar las fricciones existentes. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si las fiscalías logran recabar pruebas sustanciales o si el caso permanece como una exploración preliminar sin consecuencias inmediatas para la administración Petro.
