Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió este martes al Senado de la República el denominado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa que modifica dos puntos acordados con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tras el rechazo de la propuesta original el pasado 11 de marzo. La nueva propuesta se centra en la austeridad republicana e incluye un tope al presupuesto de los congresos estatales y la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, con un ahorro proyectado de 4 mil millones de pesos anuales.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de presentar formalmente la iniciativa en la Cámara alta. El paquete legislativo surge de las negociaciones sostenidas en la dependencia a su cargo después de que PT y PVEM condicionaran su apoyo a la reforma integral, argumentando la necesidad de revisar algunos de sus componentes.
Uno de los ejes centrales del Plan B es establecer un tope máximo del 0.7 por ciento del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales. Actualmente, el presupuesto conjunto de todas las legislaturas estatales asciende a 18 mil 429 millones 929 mil pesos, por lo que la nueva regulación buscaría generar ahorros significativos en las finanzas públicas.
Desde el partido oficial, Morena, y sus aliados, se ha defendido la iniciativa como un paso necesario para eliminar privilegios y optimizar el gasto. Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, respaldó el envío del Plan B y señaló que las modificaciones acordadas reflejan el diálogo y la construcción de acuerdos dentro de la coalición gubernamental.
La presidenta Sheinbaum afirmó que esta nueva propuesta mantiene la esencia de la reforma original al buscar reducir gastos superfluos en el ámbito electoral y legislativo. Sin embargo, la iniciativa presentada se limita a los dos puntos consensuados con los partidos aliados, dejando fuera otros componentes más amplios de la reforma que fueron rechazados previamente.
El contexto político de esta medida está marcado por la necesidad del gobierno de contar con los votos de PT y PVEM para alcanzar la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución en materia electoral. El rechazo inicial evidenció fisuras en la coalición, por lo que el Plan B representa un intento por recuperar la unidad en torno a una agenda legislativa prioritaria para el Ejecutivo federal.
El siguiente paso será el análisis de la iniciativa en las comisiones correspondientes del Senado, donde se espera un debate sobre el alcance real de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a los artículos constitucionales involucrados. La postura oficial del PT sobre el acuerdo final aún no se ha detallado públicamente en su totalidad.
