Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen pruebas suficientes para formular imputación en contra de Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. La resolución se emitió tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo, en el marco de la investigación sobre un fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos.
La autoridad judicial estableció que los elementos presentados cumplen con los requisitos para iniciar el proceso penal, programando la audiencia de vinculación a proceso para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali. El caso centra su atención en las inconsistencias detectadas en los contratos y la ejecución del proyecto energético durante la administración pasada.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, actual gobernadora de Baja California, señaló que la denuncia surge de las irregularidades en el proyecto y enfatizó que no se trata de un tema personal. Por su parte, Jaime Bonilla Valdez mantiene su defensa argumentando que el estado nunca se comprometió a construir la planta, indicando que la empresa Next Energy era la encargada y que solo existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad.
El exmandatario califica como una “narrativa errónea” las acciones de la administración actual y los medios de comunicación. Además, cuestiona por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa, sosteniendo que su rol se limitó a presentar dicha propuesta legislativa. Hasta el momento, no se han hecho públicos los detalles específicos de las pruebas presentadas por la fiscalía más allá de la determinación del juez.
La cifra de 123 millones de pesos corresponde a los recursos que fueron retenidos y posteriormente regresados en relación con el contrato. La defensa de Bonilla no ha presentado argumentos formales adicionales en el expediente más allá de sus declaraciones a la prensa, mientras se aguarda la siguiente fase del procedimiento judicial donde se definirá su situación legal frente a las acusaciones de peculado y abuso de autoridad.
