Ciudad De México, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta de la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas ya está lista y que a partir de este momento inicia una consulta nacional con los pueblos originarios para enriquecer el documento. La mandataria explicó que el objetivo es que el próximo 12 de octubre, fecha conocida como el Día de la Resistencia de los pueblos, la iniciativa sea entregada a la Cámara de Diputados para iniciar su proceso de aprobación.
“Vamos a dar inicio a esta consulta. Una vez que sea mejorada, aprobada, lo que digan los pueblos, se presenta al congreso y el objetivo es que el 12 de octubre… sea entregada a la Cámara de Diputados para que ahí pues inicia el proceso de aprobación”, declaró Sheinbaum. Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, detalló que esta consulta permitirá recibir opiniones sobre la propuesta de iniciativa.
En el proceso participarán 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. La consulta estará encabezada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia. Además, tomarán parte 21 dependencias del gobierno, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fungirá como observadora.
El proceso contemplará cinco etapas, incluyendo 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo particulares. Las propuestas y recomendaciones que surjan de estos espacios se incorporarán al proyecto legislativo a más tardar el 11 de octubre, previendo su presentación formal ante el Poder Legislativo un día después.
Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, informó que esta Ley tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. El ordenamiento establece los principios para que estos grupos se constituyan y ejerzan su personalidad jurídica de manera colectiva, define el régimen constitucional de autonomía indígena para hacerlo eficaz en niveles comunitarios, municipales y regionales, y garantiza los derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana mediante acciones afirmativas y reparatorias.
