Por Redacción

Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México enfrentan la revocación de su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, una medida administrativa notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ha generado incertidumbre en el sector. Entre las instituciones afectadas se encuentran Mexicanos Primero y México Evalúa, las cuales han informado que continúan prestando sus servicios con normalidad a la espera de la resolución definitiva de la autoridad fiscal.

La situación se originó tras la notificación de la cancelación del estatus de donatarias autorizadas, un mecanismo fiscal que permite a los contribuyentes deducir las donaciones realizadas a entidades sin fines de lucro. Aunque los comunicados emitidos por las organizaciones afectadas no especifican los motivos técnicos o legales que derivaron en esta decisión, el hecho impacta a un amplio grupo de entidades que dependen de estos incentivos para financiar sus operaciones y proyectos sociales.

Mexicanos Primero, organización dedicada a impulsar la calidad de la educación en el país, señaló mediante un comunicado que mantiene sus actividades operativas sin interrupciones. De manera similar, México Evalúa, institución enfocada en el análisis de políticas públicas y seguridad, confirmó que sigue funcionando mientras aguarda la respuesta formal del SAT respecto a su situación fiscal.

Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre del funcionario o área específica del SAT responsable de emitir la resolución, ni se ha detallado el plazo legal exacto para que las organizaciones puedan responder o subsanar cualquier observación. La falta de información sobre la lista completa de las más de 100 entidades afectadas y los argumentos específicos de la revocación mantiene al sector en un estado de expectativa.

Este evento ocurre en un contexto donde la relación entre las organizaciones civiles y la administración tributaria es clave para la sostenibilidad de proyectos sociales. La pérdida temporal o permanente del estatus de donataria podría limitar la capacidad de recaudación de fondos de estas instituciones, aunque ambas han buscado transmitir tranquilidad a sus colaboradores y beneficiarios al afirmar que la operación diaria no se ha visto alterada.

La resolución final del SAT determinará si el estatus de donatarias autorizadas será restituido o si la cancelación se hará definitiva, lo cual definiría el futuro financiero de más de un centenar de grupos de la sociedad civil que operan en la Ciudad de México y otras partes del país. Por ahora, las organizaciones continúan a la espera de una comunicación oficial que clarifique el panorama jurídico y fiscal de su situación.

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