Ciudad de Mexico, 28 de marzo de 2026.- Medios internacionales reportaron que el objetivo del reciente bombardeo conjunto entre fuerzas de Ecuador y Estados Unidos no fue un campamento del narcotráfico, como afirmaron los gobiernos involucrados, sino una granja lechera civil. La información, difundida por France 24 y The New York Times, señala que la operación militar, ocurrida a principios de marzo de 2026, resultó en la destrucción de una finca ganadera y de producción de leche.

De acuerdo con los reportes, Gilson Vargas, uno de los presentes en el lugar, fue arrestado durante la incursión. Lina Maria Espinosa, abogada de los detenidos, denunció que sus clientes fueron sometidos a torturas que incluyeron ahogamiento y toques eléctricos antes del ataque aéreo. Estas declaraciones contrastan con la narrativa oficial que describía el sitio como parte de una red ilícita y criminal.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había caracterizado previamente los objetivos de la misión como instalaciones del crimen organizado. Sin embargo, los testimonios recabados por la prensa internacional indican que se trataba de una propiedad productiva legítima. Esta discrepancia ha generado cuestionamientos sobre la inteligencia utilizada para autorizar el uso de fuerza letal en la zona.

En el marco de esta escalada militar, Joseph M. Humire, funcionario militar estadounidense, declaró ante el Comité de Servicios Armados que los ataques contra cárteles en América Latina son “sólo el comienzo”. Humire anunció la implementación de la “Operación Exterminación Total”, una campaña ampliada para combatir a las organizaciones criminales en la región.

Por su parte, Francis Donovan, otro funcionario militar, señaló que los ataques contra embarcaciones “no eran la respuesta” adecuada, lo que plantea un cambio de estrategia hacia operaciones terrestres y aéreas más contundentes. A pesar de la justificación gubernamental, la destrucción de la infraestructura civil y las acusaciones de violaciones a derechos humanos han puesto bajo escrutinio los métodos empleados en esta nueva fase de la lucha antidrogas.

El incidente también tuvo repercusiones transfronterizas, ya que se reportó que una bomba impactó territorio colombiano, lo que añadió tensión diplomática entre ambos países. Hasta el momento, las versiones oficiales de Quito y Washington mantienen que el objetivo era legítimo, frente a la evidencia periodística que apunta a un error de identificación con graves consecuencias humanitarias.