Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, calificándolo de una decisión parcial, sesgada y tendenciosa. En respuesta, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó al secretario general, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en el país a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el Comité de Desapariciones Forzadas no consideró los esfuerzos institucionales ni estudió la información actualizada proporcionada por el Estado, incluyendo observaciones y análisis sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025. El ejecutivo federal argumentó que el procedimiento aplicado está diseñado para contextos donde las cifras son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual, a su juicio, no corresponde a la realidad actual.
El gobierno mexicano reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y criticó que se limite a cuatro entidades. Asimismo, señaló que no se tomó en cuenta la información entregada el 27 de marzo, antes de la publicación del documento. Las autoridades destacaron que en la actual administración se han implementado cambios legales e institucionales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
Por su parte, la decisión del CED, publicada el 2 de abril de 2026, establece que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El organismo indicó que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del territorio. Aunque el comité tomó nota de la postura del gobierno de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, señaló haber recibido información que apunta a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El reporte del CED citó casos documentados, como en Jalisco, donde autoridades están relacionadas con casos registrados en un centro operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, y mencionó incidentes donde “hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo”.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819 registros, de los cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. De estas, 21 corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos en Chiapas. La organización civil Idheas señaló que este escenario revela fallas estructurales, afirmando que “el procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente”.
Ante las afirmaciones del comité, el gobierno de México insistió en que “el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. El CED aclaró que su procedimiento es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidad penal individual.
