Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile la crisis de desplazamiento forzado interno en México, que ha dejado aproximadamente 390,000 personas sin hogar entre 2016 y 2024, con picos de 28,900 afectados en 2024 y 15,795 en 2025, principalmente en estados como Morelos y Guerrero debido a la violencia del crimen organizado.

La petición ante el organismo internacional coincide con casos emblemáticos de impunidad que evidencian las fallas del sistema de justicia mexicano. Recientemente, Javier ‘N’ fue absuelto por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, luego de que la Fiscalía federal presentara pruebas consideradas insuficientes. Durante el proceso, dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones que debilitaron la acusación.

Paralelamente, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, cometida por elementos del Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. No obstante, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la culpabilidad de las fuerzas armadas y medidas de reparación integral.

Expertos consultados por medios nacionales señalan que el crimen organizado trasnacional en México ya no se limita al narcotráfico, sino que incluye múltiples actividades ilícitas con la participación de entidades legales y estatales, lo que complica el combate efectivo y favorece la impunidad.

El desplazamiento forzado, documentado principalmente en contextos de disputas territoriales entre grupos delictivos, representa una de las crisis humanitarias más graves del país, con miles de familias obligadas a abandonar sus hogares, tierras y comunidades para salvar sus vidas.

Ante la incapacidad de las autoridades locales y federales para contener la violencia y garantizar justicia, las organizaciones civiles esperan que la intervención de la CIDH impulse políticas públicas efectivas y mecanismos de protección para las víctimas de desplazamiento forzado y casos de ejecuciones extrajudiciales.