Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- México y el Gran Ducado de Luxemburgo alcanzaron un acuerdo amistoso que puso fin a un litigio internacional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por la detención del buque de carga Zheng He, de bandera luxemburguesa, en el puerto de Tampico. La solución, anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio de Administración Tributaria, incluyó la regularización de la situación legal del navío y permitió al fisco mexicano recaudar aproximadamente 400 millones de pesos, cerrando así un conflicto de más de dos años que había escalado a un tribunal internacional.
El buque Zheng He fue retenido por autoridades mexicanas en octubre de 2023 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, debido a presuntos incumplimientos aduanales y fiscales. Ante la prolongada detención, el gobierno de Luxemburgo, como estado de abanderamiento del buque, presentó una demanda contra México ante el TIDM el 4 de junio de 2024, alegando una violación a sus derechos bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Las autoridades mexicanas, encabezadas por la SRE, el SAT, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas, sostuvieron durante todo el proceso que el caso debía resolverse dentro del marco jurídico nacional. La estrategia combinó la aplicación firme de la ley fiscal mexicana con una intensa negociación diplomática para encontrar una salida que respetara ambos órdenes jurídicos.
El acuerdo final, cuyos términos específicos no fueron divulgados, permitió al SAT recaudar cerca de 400 millones de pesos por conceptos de contribuciones y multas, según confirmaron las dependencias. Con la situación legal del buque regularizada, ambas partes solicitaron de manera conjunta al TIDM el cierre del caso, orden que el tribunal emitió formalmente entre el 16 y 17 de marzo de 2026.
En sus comunicados, el gobierno mexicano destacó que la resolución se logró “en apego al marco jurídico mexicano” y subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional entre las dependencias involucradas. El cierre del litigio evita un fallo internacional que podría haber sentado un precedente sobre la jurisdicción de los estados portuarios frente a los derechos de los estados de abanderamiento.
Este caso ejemplifica la tensión recurrente entre la aplicación de la soberanía fiscal y aduanera de un país y los mecanismos de solución de controversias del derecho marítimo internacional. Para México, el desenlace representa un éxito en su política de defender la primacía de su legislación interna en asuntos de fiscalización portuaria, al tiempo que demuestra flexibilidad diplomática para cerrar disputas internacionales de manera amistosa, preservando las relaciones bilaterales con Luxemburgo.
