Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, propuso un decálogo de ajustes a la reforma judicial en medio de un estudio que revela el alto costo de los organismos autónomos. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados documentó que el Instituto Nacional Electoral ha ejercido 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026, con el 39.3% de su presupuesto actual destinado a financiamiento de partidos políticos. Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, defendió la autonomía de su institución frente a controversias políticas.
El análisis presupuestal detalla que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del INE para 2026, reflejando la magnitud de los recursos públicos manejados por el organismo electoral. Estas cifras emergen en un contexto donde la eficiencia y el costo de las instituciones autónomas son objeto de escrutinio público y debate legislativo.
La ministra Esquivel Mossa, sin especificar los detalles completos de su propuesta, insistió en la necesidad de realizar ajustes puntuales a la reforma judicial para mejorar su implementación. Sus declaraciones se enmarcan en las discusiones sobre el futuro del Poder Judicial y su relación con otros organismos constitucionales autónomos.
Por su parte, el magistrado Bátiz García destacó la labor del TEPJF en la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias, aunque no proporcionó casos concretos de aplicación. Subrayó la importancia de mantener la independencia del tribunal frente a presiones políticas, en alusión a críticas no especificadas de actores partidistas.
El cruce de declaraciones y estudios evidencia la polarización en torno a la arquitectura institucional mexicana, donde organismos como el INE y el TEPJF enfrentan cuestionamientos sobre su gasto y autonomía. Esta discusión ocurre en un año crucial para la consolidación de las recientes reformas judiciales y electorales.
El debate continuará en los próximos meses, con expectativa sobre la postura que adoptarán otros ministros de la SCJN y el Poder Ejecutivo frente a las propuestas de ajuste. La sociedad civil y los partidos políticos monitorean estos desarrollos, que podrían redefinir el equilibrio de poderes en México.
