Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana múltiples facetas críticas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos hasta ataques directos contra organizaciones de derechos humanos. Mientras colectivos de búsqueda denuncian negligencia institucional y hostigamiento, el Gabinete de Seguridad federal afirmó que no hay delito en los reportes de personas no localizadas en Quintana Roo, contradiciendo la percepción de gravedad que prevalece entre las familias.

En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, liderado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de evidencias forenses. Este hallazgo se suma a la tensión creciente en la región, donde se han reportado fosas clandestinas y violencia asociada al crimen organizado.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova informó un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización denunció un “riesgo inminente” para su personal y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos actos de intimidación, que se suman a amenazas contra periodistas como Rolando Sánchez Quintero en Guerrero.

En contraste con la gravedad de los reportes en Jalisco y Chiapas, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado asegurando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”. Esta declaración contrasta con las 20 solicitudes de Alerta Amber atendidas en la entidad y con la cifra de 297 personas desaparecidas registradas en Yucatán hasta finales de 2025, según datos del contexto regional.

En el ámbito de la búsqueda con vida, siete electricistas desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí, fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días. Un electricista que pidió anonimato declaró a medios que el grupo fue interceptado por un crimen organizado con el fin de reclutarlos forzosamente. Para su recuperación, se desplegaron aproximadamente 600 agentes en la región, aunque persisten dudas sobre el paradero de otros ciudadanos en la zona.

La lucha por la justicia también enfrenta barreras legales para las familias. Cristian Castro Cigala, representante del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos de Torreón, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento local para conseguir pensiones para los familiares de los agentes ausentes. Sin embargo, el municipio ha argumentado que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las víctimas en un limbo administrativo.

Mientras tanto, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, Kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora, aunque se desconoce aún la confirmación oficial por prueba de ADN. Estos eventos reflejan un panorama donde la búsqueda independiente de las familias choca frecuentemente con la omisión estatal, la burocracia y la violencia contra quienes defienden el derecho a la verdad.