Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México notificó vía correo electrónico a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, el no ejercicio de la acción penal en su contra por los delitos de privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. La determinación, aprobada el 27 de febrero de 2026, fue emitida por la agente del Ministerio Público Karla Elizabeth Cortés Álvarez.

A pesar de esta resolución, la gobernadora debe comparecer este 29 de mayo de 2026 a las 10:00 de la mañana en la sala de oralidad número 8 del sistema procesal penal acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. La asistencia es exclusivamente por una impugnación promovida por el senador Javier Corral. La FGJ reiteró que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por Corral.

Maru Campos recibió un segundo citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República por una denuncia presentada por el ex mandatario estatal panista Javier Corral. Ante esto, la gobernadora aseguró ser víctima de una “persecución política pura y dura” por el aparato del poder federal. “Me acusan de delitos sin una sola prueba, ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme, me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal”, declaró.

La mandataria estatal añadió: “Y ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado. Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro”. Campos vinculó estos hechos con eventos previos, señalando: “esto, cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra (el 14 de agosto de 2024), y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del Gobierno de la CD para impedirlo, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin”.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la polémica del caso Chihuahua, donde dos agentes de Estados Unidos fallecieron tras un operativo estatal, no es en contra de la gobernadora Maru Campos, sino por la intervención extranjera. Sheinbaum rechazó que la investigación tenga que ver con una persecución en contra de Campos o un asunto político de la Presidencia. “Se ha querido plantear que estamos en contra o que la Fiscalía está en contra de que se desmantelen laboratorios. Pues ¿cómo vamos a estar en contra del desmantelamiento de laboratorios si se han desmantelado más de 2,350? Pero es importante, por la soberanía nacional, por el cuidado de nuestras leyes, que se conozca por qué fue que había dos personas extranjeras en ese operativo”, expresó.

La jefa del Ejecutivo sostuvo: “Siempre se ha sido claro que de acuerdo con la ley y la Constitución mexicana, los agentes extranjeros no pueden estar operando en tierra”. Sheinbaum planteó que es importante conocer por qué había dos personas extranjeras en ese operativo y señaló que la FGR tendrá que dar sus resultados de la investigación que lleva a cabo en torno a la participación de los agentes estadounidenses.

En un frente judicial relacionado, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Robles, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió de manera formal la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de la entidad, César Duarte. La petición de deportación se encuentra en un procedimiento migratorio por un juez de Estados Unidos que está revisando el caso. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió información a ese juez relacionada con las órdenes de aprehensión que Bertha Olga Gómez Fong tiene pendientes en el Estado de Chihuahua.

La FGR aclaró que la detención de Bertha Olga Gómez Fong obedece a temas migratorios en Estados Unidos, pero buscan su deportación al contar con investigaciones abiertas en México. Gómez Fong tiene una investigación abierta en Chihuahua por posibles desvíos de recursos públicos durante la administración encabezada por César Duarte en el periodo 2010-2016. Sobre el proceso, César Jáuregui Robles indicó: “Ya, se hizo a través de la Fiscalía General de la República. Lo tiene que hacer FGR, porque, tratarse de relaciones internacionales Eso va a depender absolutamente del procedimiento”.