Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, con el objetivo de que la Asamblea General adopte medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito. La decisión se basa en lo que el organismo describe como una “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones en el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar esta determinación se consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. Asimismo, se destacó que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento respecto a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, así como en un uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. Durante su visita en 2021, el organismo recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, empresas de seguridad privada y grupos delictivos actuando ante la inacción de las autoridades.
El informe detalla patrones específicos en cuatro estados paradigmáticos: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia del delito en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En el caso de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas entre 2006 y 2016. Se identificó que entre 2009 y 2012 fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, mientras que entre 2012 y 2016 autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente mediante fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM.
La investigación reveló patrones de colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo detenciones ilegales para entregar personas a grupos criminales o liberarlas para desaparecerlas posteriormente. También se destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos delitos. El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad.
Frente a estas acusaciones, el gobierno mexicano ha manifestado su desacuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. Como contraparte, México planteó que las desapariciones ocurrieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y aseguró que actualmente existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación.
Como parte de su visita en 2021, el Comité había emitido 84 recomendaciones al gobierno mexicano. Con la activación del Artículo 34, el organismo busca fortalecer la respuesta internacional ante la persistencia de estos hechos, mientras el 3 de abril de 2026 el gobierno federal dio a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos.
