Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de candidatos no será en México, al final dependerá de la justicia de Estados Unidos y el riesgo sería su injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el INE tendrá su comisión, la gran decisión está en Estados Unidos.
En México existen controles internos desde hace tiempo, pero no han resultado efectivos porque a la postre nos enteramos de sus malas mañas y nexos. Esa tarea la realizan la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones. Sin embargo, si hubieran sido eficaces, no tendríamos con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado y otros exservidores públicos huidos y en gran aportación de datos a satisfacción de Estados Unidos.
Tampoco conoceríamos los alcances del grupo criminal de La Barredora formado por Hernán Bermúdez Requena desde una posición de poder, la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. Tampoco estarían detenidos y bajo proceso el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes por sus ligas con la delincuencia en Jalisco, Morelos y otros estados. En México poco importan denuncias como las endilgadas a Rubén Rocha Moya en las dudosas elecciones de 2021; el golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Ante este escenario, surge la interrogante de qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido cuando estén en campaña. Se plantea si anularían las autorizaciones otorgadas por el Instituto Nacional Electoral a partir de los juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada. Ya están algunos aspirantes con dificultades como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas.
Hay muchos cantantes, siendo el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el extitular de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega los más entonados. Respecto al derecho a la información, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra ayer al desmentir sus propósitos de censura y reivindicar la facultad de toda persona qué escuchar, qué ver y qué leer en materia informativa: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”. Ergo, la decisión no le corresponde al gobierno calificar las notas periodísticas y análisis dirigidos a la ciudadanía, pero tampoco descalificar públicamente a periodistas y a medios de comunicación.
Muchos verían bien tal enfoque si este es el contexto bajo el cual analizará en consulta pública la Comisión Reguladora.
