Almoloya De Juárez, 28 de mayo de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya (penal del Altiplano) brindar atención médica inmediata a Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, quien se reporta en estado de salud “muy grave”. La resolución judicial concede el amparo promovido por el interno para que se le otorguen los servicios médicos y tratamientos necesarios.
Según los hechos registrados, Héctor Palma Salazar presentó una demanda de amparo debido a la falta de atención médica en el penal. Se indica que desde el 13 de abril de 2026, el área de salud del centro penitenciario ignoró al recluso pese a su condición. El diagnóstico médico señala que Palma Salazar presenta tres hernias discales en su columna que afectan el nervio ciático.
Derivado de esta patología, el interno presenta “dolores muy fuertes en la espalda y el pecho al respirar”, así como insomnio. Con la concesión del amparo, las autoridades quedan obligadas a atender su solicitud de justicia y equidad conforme a la ley para estabilizar su cuadro clínico.
En un hecho paralelo relacionado con el mismo recinto carcelario, Isaí Martínez, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado al penal del Altiplano. Martínez salió de Hermosillo, Sonora, tras haber sido detenido en Nogales el 26 de mayo de 2026. El traslado se realizó en un avión militar que partió de la base aérea de Hermosillo a las 12:25 horas del 27 de mayo de 2026 con destino al Estado de México.
Isaí Martínez llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 15:30 horas del 27 de mayo de 2026. Con su ingreso, se convierte en el cuarto familiar directo de ‘El Chapo’ Guzmán que arriba a este penal. Hasta el momento, se desconoce si a su llegada será puesto a disposición de un juez.
Por otra parte, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera dirigió una carta al juez de distrito Brian M. Cogan desde Estados Unidos. En el documento, Guzmán Loera solicitó “recibir un trato justo en este país”, argumentando que tiene derecho a comunicarse y a ser escuchado bajo los principios constitucionales. “Esta declaración se presenta como una preocupación ante el tribunal, en relación con el cumplimiento de mis derechos, dado el consentimiento y la aparente falta de evidencia bajo la ley”, escribió el narcotraficante, quien denunció que sus derechos constitucionales “han sido vulnerados”.
Ante la misiva, el juez Brian M. Cogan respondió que, una vez condenado, las disposiciones sobre la reclusión de Guzmán están en manos de la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. y que él no tenía poder para intervenir en el caso.
