Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas denunciaron este marzo un patrón regional de represión estatal que abarca desde la deportación masiva y desaparición de migrantes en Argentina y El Salvador, hasta la persecución política y confiscación de bienes contra opositores en Venezuela y Nicaragua. Human Rights Watch (HRW) y testimonios directos señalan la gravedad de las violaciones al debido proceso y la integridad personal en estos países.
En Argentina, bajo la administración de Javier Milei, se reportó la no admisión o expulsión de 5.000 personas en los últimos dos meses, mientras que las deportaciones en 2024 aumentaron un 40% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 620 individuos. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, ha anunciado medidas en este contexto, mientras activistas como Amaru Ruiz y familiares como Thelma Brenes han elevado sus voces sobre el impacto de estas políticas migratorias endurecidas, inspiradas, según el contexto reportado, en el modelo de Donald Trump.
La situación en El Salvador presenta casos de desaparición forzada vinculados a deportaciones desde Estados Unidos. Se tiene registro de 11 salvadoreños deportados que han desaparecido, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien el gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas acusan de ser líder de la pandilla MS-13. Sin embargo, familias de las víctimas y HRW niegan que el resto de los desaparecidos tengan condición de pandilleros, señalando la falta de evidencia pública que respalde dichas acusaciones para el grupo completo. En 2025, más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU., de los cuales el 10% tenía antecedentes penales.
En Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo, enfrentan denuncias por desapariciones forzadas y confiscación de bienes a opositores políticos. Figuras como William Dávila, Enrique Márquez, Lilian Tintori y Leopoldo López están en la mira de estas acciones represivas. Lilian Tintori ha realizado denuncias públicas al respecto, mientras que el dirigente chavista Carlos Brenes figura entre los reportados como desaparecidos. Asimismo, más de 250 venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos.
Human Rights Watch, a través de Juanita Goebertus, ha emitido comunicados oficiales detallando estas violaciones sistemáticas. La organización destaca la desproporción entre las acusaciones gubernamentales y la falta de garantías legales para los detenidos y deportados. En el caso argentino, también se menciona el desmantelamiento de políticas de memoria relacionadas con las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura histórica, añadiendo un componente de retroceso en derechos humanos.
En el ámbito socioambiental, vecinas de Mendoza, como Macarena Limousin, lideran protestas en Argentina, mientras la economista Mercedes D’Alessandro analiza el impacto de estas medidas. A pesar de las acusaciones de los gobiernos de EE.UU. y El Salvador sobre la pertenencia de los deportados a estructuras criminales, las contradicciones surgen ante la ausencia de pruebas concretas para la mayoría de los casos, manteniendo a las familias en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.
Este panorama refleja una crisis política y humanitaria en América Latina, donde la represión estatal toma diversas formas, desde la fuerza migratoria hasta la persecución ideológica, dejando a la sociedad civil y a los organismos internacionales como los principales denunciantes de un escenario que vulnera garantías fundamentales.
