Por Redacción
Tijuana, 10 de agosto de 2026.- La rehabilitación de la planta de tratamiento de agua residual Tecolote-La Gloria ha recibido en tres ocasiones recursos provenientes de fondos internacionales y sigue sin concretarse, señaló Alfonso Cortez Lara, especialista en temas hidráulicos y director general del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Mexicali.
De acuerdo con el experto, el proyecto recibió en 2004 “una millonada en yenes” en dólares del crédito japonés; después, en 2011, obtuvo fondos del NadBank y posteriormente recursos del Bono Verde para el mismo fin. Esto denota que “algo está fallando en la gestión de los recursos”, indicó Cortez Lara.
El especialista cuestionó por qué Baja California, siendo uno de los estados con más alternativas y recursos bajados para aguas residuales, drenaje y redes de conducción, mantiene problemas graves similares a los del año 2000. “La gran pregunta es por qué tenemos los mismos problemas o muy graves, que los que teníamos en el año 2000, cuando tuvimos fondos del crédito japones para Tijuana, Mexicali, Ensenada, para redes de agua potable y plantas de tratamiento”, expresó.
Cortez Lara consideró necesario que exista una mayor participación ciudadana en los organismos del agua y que las decisiones sean más “horizontales” en la priorización de proyectos para lograr una gobernanza participativa que vigile la ejecución de recursos. Asimismo, destacó que aunque la Ley de Aguas de diciembre de 2025 incluye un capítulo sobre aprovechamiento de aguas residuales, aún falta la homologación de normas estatales y municipales.
Durante la primera mesa de trabajo interinstitucional para la gobernanza del agua, el saneamiento y la recuperación del río Tijuana, participaron representantes de Conagua, CESPT, CILA, IMPLAN, el Ayuntamiento de Tijuana y el regidor Arturo Aguirre. En este contexto, Sara Alejandra González Olachea, maestra del Colef, identificó como área de oportunidad la comunicación entre los consejos de participación y alertó sobre la rotación constante de directivos de la CESPT: seis en la actual administración estatal, con un promedio de 1.3 años. “En promedio son 1.3 años, eso preocupa mucho”, dijo.
Por su parte, la diputada federal Ana Erika Santana González anunció que se realizarán mesas de trabajo con regidores y legisladores locales, además de proponer una Norma Oficial Mexicana (NOM) para el aprovechamiento de aguas tratadas contemplada en la reforma de la Ley de Aguas. También exhortará al Consejo de la Cuenca de Conagua, el cual no se ha reunido en una década “o más”, para llevar a cabo un inventario de las redes de aguas negras y detectar cuáles están rotas.
