Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), acción que forma parte de un movimiento administrativo que impacta a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en el país. La decisión ha generado una discrepancia legal entre los argumentos del organismo fiscal y la posición de las asociaciones afectadas respecto al cumplimiento de los requisitos vigentes.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja oficialmente, aunque el universo de entidades que enfrentan esta situación supera la centena. El IMCO, asociación civil fundada en 2003 y dedicada a estudios de competitividad, manifestó que realizó puntualmente sus obligaciones fiscales y procedió a acreditar sus actividades ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), tal como lo establecían los lineamientos aplicables en ese momento.
La controversia central radica en la interpretación de las facultades institucionales. Mientras el IMCO sostiene que cumplió con la acreditación requerida por la SECIHTI, el SAT determinó revocar el beneficio bajo el argumento de que dicha secretaría no contaba con las atribuciones legales para realizar dichas acreditaciones. Esta postura de la autoridad fiscal desconoce la validez del trámite realizado por las organizaciones ante la dependencia de ciencia y tecnología.
Ante la notificación de la revocación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el pasado 18 de noviembre, buscando regularizar su situación administrativa. Sin embargo, la resolución final sobre este nuevo planteamiento aún no se ha hecho pública, dejando en incertidumbre la operatividad futura de la organización y la posibilidad de recibir donativos deducibles de impuestos.
Este escenario se desarrolla en un contexto donde múltiples actores de la sociedad civil enfrentan revisiones exhaustivas por parte de la autoridad hacendaria. La falta de claridad sobre las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades específicas ha complicado el panorama para el tercer sector, el cual depende del estatus de donataria autorizada para mantener sus fuentes de financiamiento y continuar con sus programas de impacto social.
Hasta el momento, no se ha difundido una lista completa y oficial de las más de 100 organizaciones afectadas por estas medidas, ni se han detallado los criterios específicos que está aplicando el SAT para distinguir entre aquellas que pueden subsanar errores y las que serán definitivamente excluidas del registro de donatarias.
