Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo ayer la revisión de un caso considerado el de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país, luego de que un tribunal federal en Veracruz anuló el proceso penal por falta de procedibilidad. La decisión judicial pone en debate qué autoridad debe representar el interés fiscal en estos delitos: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Administración General de Aduanas (ANAM).

El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, acusados de un presunto contrabando de 21.5 millones de litros de diésel. La nulidad del proceso fue decretada al no cumplirse con el requisito de procedibilidad, específicamente por la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM y por una citación incorrecta durante la audiencia inicial.

Según reportes de La Jornada, la atracción del caso por parte del máximo tribunal busca establecer un precedente sobre la competencia institucional en la persecución de estos delitos. La controversia jurídica se centra en determinar si corresponde al SAT o a la ANAM la representación legal del interés fiscal cuando se detectan irregularidades de esta naturaleza.

La empresa vinculada al esquema, identificada como Administración de Impulsora de Productos Sustentables, es el eje de la investigación que ahora será examinada por los ministros de la Corte. La anulación del juicio en la instancia federal de Veracruz obliga a redefinir los pasos procesales para continuar con la persecución del delito.

Con esta acción, la SCJN se prepara para emitir una resolución que podría modificar los protocolos de actuación de las autoridades aduaneras y fiscales en México. El resultado de la revisión definirá los criterios de procedibilidad para futuros casos de huachicol fiscal y aclarará las responsabilidades institucionales en la cadena de denuncia y persecución legal.