Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio el 20 de marzo de 2026 para promover la igualdad sustantiva y la no discriminación en la función judicial, mientras organizaciones de la sociedad civil demandan que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no solo declarativos en el sistema de justicia mexicano.
El acuerdo institucional fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred Claudia Olivia Morales Reza, con el objetivo de incorporar criterios de igualdad en la labor jurisdiccional. Sin embargo, la investigación no especifica los mecanismos concretos que se implementarán para lograr esta armonización ni los plazos de seguimiento establecidos.
Paralelamente, el Senado de la República ha realizado un llamado para uniformar las leyes de género en todos los estados del país. La senadora Malú Micher participó en estas iniciativas de armonización legislativa, aunque no se detallan medidas específicas de seguimiento para su implementación en las entidades federativas.
En contraste con los anuncios institucionales sobre avances en derechos humanos, un caso judicial específico ha generado cuestionamientos sobre la procuración de justicia. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes, lo que sugiere una posible contradicción entre el discurso institucional y la práctica judicial.
Organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México han emitido posicionamientos exigiendo una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. No se especifica el contenido o el estatus legislativo de esta demanda en el proceso legislativo actual.
El sistema de justicia mexicano cuenta con la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que suma más de 5 mil bases de datos de 184 instituciones, según reporte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Este cluster refleja múltiples frentes relacionados con justicia y derechos humanos, incluyendo acciones oficiales, demandas sociales y casos problemáticos dentro del sistema.
