Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El Senado de la República inició el análisis del llamado Plan B de Reforma Electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone reducir el número de regidores por municipio, establecer topes presupuestales para congresos locales y modificar las reglas para la revocación de mandato, lo cual ha generado críticas por la eliminación del principio de paridad de género en regidurías y la autorización para que la titular del Ejecutivo realice campaña con recursos no especificados.
La iniciativa llega tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados y debe ser aprobada antes de septiembre de 2026 por restricción constitucional. Incluye cambios sustanciales como la reducción de regidores de 7 a 15 por municipio, un tope presupuestal del 0.7% del presupuesto estatal para congresos locales y la modificación del proceso de revocación de mandato, adelantándolo al tercer año y permitiendo la campaña de la presidenta.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, defendió la propuesta como una medida de austeridad y eficiencia gubernamental. “Estamos cumpliendo con el mandato de la ciudadanía de reducir el gasto superfluo y hacer más eficiente la administración pública”, declaró el legislador, quien además mencionó una reforma judicial complementaria que será presentada en breve.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta oposición de partidos como el PAN, cuya senadora Kenia López Rabadán la calificó como un “ataque a la democracia y a los derechos de las mujeres”. “Eliminar la paridad de género en las regidurías es un retroceso inadmisible en pleno siglo XXI”, señaló la opositora.
El PVEM anunció apoyo unánime al Plan B, aunque se registró una contradicción cuando el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa de la iniciativa. Manuel Velasco, líder del partido verde, expresó su respaldo a la reforma pero pidió “discusión amplia y plural” en el proceso legislativo.
El contexto político muestra que la reforma electoral se debate en un ambiente polarizado, donde la oposición acusa al oficialismo de buscar controlar las instituciones electorales, mientras el gobierno argumenta que busca eficiencia y ahorro público. La aprobación del Plan B dependerá de las negociaciones con partidos aliados y del escrutinio público sobre medidas polémicas como la eliminación de la paridad de género.
