Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El Senado de la República inició el debate sobre la iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual enfrenta críticas por recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE), cambios en la integración de ayuntamientos y la fecha propuesta para una nueva revocación de mandato. La discusión, que se extendió durante horas, reveló posturas divergentes incluso dentro de la coalición oficialista y advertencias de la oposición sobre un retroceso democrático.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, criticó con dureza la iniciativa, señalando que no resuelve problemas de fondo como el financiamiento ilícito en campañas. ‘Es una farsa que no ataca el dinero del narco en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena’, afirmó. El panista calificó como ‘torpezas vulgares’ la propuesta de eliminar la paridad de género en la integración de algunos ayuntamientos y advirtió que el Plan B busca influir en los comicios de 2027.
Uno de los puntos más polémicos es el recorte financiero al INE. La propuesta establece una reducción presupuestal progresiva del 15% en cuatro años y un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes. El instituto defiende su autonomía presupuestal, argumentando que sus altos salarios son necesarios para garantizar independencia, un debate que se arrastra desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Dentro del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, surgieron divisiones públicas. Benjamín Robles, dirigente nacional, anunció respaldo al Plan B pero con ‘reservas’, prefiriendo que la revocación de mandato se realice en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor sin condiciones, mientras que Alejandro González Yáñez indicó que la bancada aún evalúa su postura.
El diputado Rubén Moreira alertó que la iniciativa permitiría la participación del Ejecutivo en campañas políticas a través del proceso de revocación, lo que considera un daño a la equidad en la contienda. La propuesta también modifica el número de regidurías en 1,145 municipios: 56 verían una reducción y 1,089 un aumento, lo que, según críticos, podría generar mayores costos operativos para los ayuntamientos.
El debate se enmarca en una nueva fase del conflicto entre el poder Ejecutivo y el organismo electoral, y anticipa una negociación intensa en el Senado, donde Morena y sus aliados necesitan consensos para aprobar los cambios. La sombra de la revocación de mandato de 2022, criticada por muchos como un instrumento de promoción política, planea sobre las discusiones acerca de la fecha y las reglas para un posible nuevo ejercicio.
