Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República una nueva iniciativa de reforma electoral, conocida como “Plan B”, que se centra en medidas de austeridad y recortes presupuestales en órganos legislativos locales, tras el rechazo de una reforma constitucional más amplia en la Cámara de Diputados. La propuesta, presentada durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ desde Palacio Nacional, busca reducir el número de regidurías municipales, establecer topes al gasto de congresos locales y avanzar en la elección popular de juzgadores del Poder Judicial para el año 2027, enmarcándose en la política de “austeridad republicana” de la Cuarta Transformación.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar los puntos centrales del paquete. Entre las medidas más significativas se encuentra la reducción del número máximo de regidurías en los ayuntamientos a 15, con un mínimo de 7, así como la imposición de un tope presupuestal para los congresos locales, que no podrá superar el 0.7% del gasto total del gobierno estatal. Para el Senado de la República, la iniciativa plantea una reducción progresiva de sus gastos de operación que alcanzaría hasta un 15%.
Uno de los aspectos que ha generado reacción política inmediata es la inclusión del proceso para la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial de la Federación, el cual queda calendarizado para el año 2027. Esta decisión parece zanjar un debate interno, ya que previamente se analizaba la posibilidad de posponerla hasta 2028. La iniciativa también mantendría la figura de la revocación de mandato, programándola para un ejercicio entre 2027 y 2028.
El “Plan B” surge como una respuesta directa al rechazo que sufrió en la Cámara de Diputados la reforma constitucional original propuesta por Sheinbaum, la cual buscaba, entre otros cambios más profundos, reducir el número de legisladores plurinominales y modificar el financiamiento público a los partidos políticos. Al enfocarse en medidas que en su mayoría no requieren modificar la Constitución, el gobierno busca avanzar en su agenda de ajuste institucional por una vía que, según su perspectiva, podría encontrar mayor consenso en el Congreso.
La presentación de la iniciativa ya ha comenzado a generar posicionamientos. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), se pronunció de inmediato, aunque la investigación disponible no detalla el contenido de su declaración. Se desconoce aún la postura oficial y detallada de otros partidos con representación en el Senado, como Morena, PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, así como el monto específico de ahorro que se proyecta con las medidas de austeridad.
El envío de este paquete al Senado marca un nuevo capítulo en la pugna por la reforma electoral en México, trasladando el debate a la cámara alta donde el oficialismo buscará consolidar su propuesta de ajuste al aparato político-electoral bajo el principio de austeridad, en un contexto donde la oposición tendrá que definir si negocia, modifica o rechaza esta nueva oferta legislativa.
