Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes una nueva propuesta de reforma electoral, denominada ‘Plan B’, que busca recortar presupuestos de congresos locales, el Senado y reducir el número de regidores municipales, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia obra pública en municipios y estados. La iniciativa, pactada con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), será enviada formalmente al Congreso de la Unión este martes 17 de marzo.
El anuncio se dio desde Palacio Nacional y representa una respuesta al rechazo que sufrió el denominado ‘Plan A’ el pasado 11 de marzo en la Cámara de Diputados, donde incluso los partidos aliados votaron en contra de una reforma más amplia que incluía reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes. Según análisis editoriales, el PT y el PVEM habrían rechazado aquella propuesta por temor a un partido hegemónico y a perder su registro político.
Sheinbaum enfatizó que el objetivo central de esta nueva propuesta es que los recursos ahorrados “se queden en municipios y estados para obra pública”, mediante un mecanismo de etiquetado. La mandataria también señaló que, si bien este ‘Plan B’ no logra el objetivo de “disminuir el ingreso económico a partidos políticos”, su gobierno seguirá insistiendo en reducir esos privilegios en futuras iniciativas.
Reportes periodísticos detallan que el ahorro estimado de la reforma rondaría los 4,000 millones de pesos. Como ejemplo del gasto actual, se citan cifras como el costo por legislador en Baja California, que asciende a 34 millones 867 mil 503.28 pesos, y en Colima, de 5 millones 170 mil pesos. La propuesta se enfoca en recortes a nivel estatal y municipal, dejando de lado, al menos por ahora, cambios controversiales a instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El contexto político indica que este ‘Plan B’ es resultado de un nuevo acuerdo alcanzado el fin de semana previo entre Morena, PT y PVEM. La iniciativa ahora deberá sortear el proceso legislativo en un Congreso donde la oposición ha mostrado rechazo a reformas electorales anteriores. Se desconoce aún el texto completo de la propuesta, el número específico de regidores y legisladores locales que se busca reducir, así como el mecanismo legal preciso para etiquetar los fondos ahorrados.
El cierre de este capítulo legislativo dependerá de la capacidad del gobierno para negociar y mantener la unidad de su coalición, en un escenario donde la oposición probablemente cuestionará la medida como una carga de austeridad para entidades federativas que, según algunas voces críticas, vulnera los principios del federalismo.
