Por Redacción

La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma electoral denominada ‘Plan B’ que modifica la revocación de mandato y ajusta la integración de gobiernos municipales. La iniciativa, presentada este martes, busca reducir costos electorales y permitir que el presidente en funciones pueda hacer proselitismo durante los procesos de consulta popular.

La propuesta establece que el número de regidores municipales oscilará entre 7 y 15, mientras que el gasto para congresos estatales no podrá superar el 0.7% del presupuesto de la entidad. Según la senadora Laura Itzel Castillo Juárez de Morena, la reforma busca ‘fortalecer el mecanismo de revocación’ y generar ahorros significativos.

La iniciativa generó controversia inicialmente por omitir la palabra ‘paritario’ en la integración de cabildos, lo que fue interpretado como un intento de eliminar la paridad de género. La Presidencia corrigió señalando que se trató de una omisión sin intención de prescindir de dicha disposición constitucional.

En cuanto a la revocación de mandato, la propuesta permitiría a Sheinbaum realizar campaña durante el proceso, algo que críticos como Elías Lixa consideran una ventaja electoral para Morena. La consulta de revocación de 2022 contó con 16.5 millones de participantes, donde el 91.8% votó a favor de que Andrés Manuel López Obrador continuara en el cargo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la iniciativa como parte de la ‘austeridad republicana’. Sin embargo, opositores señalan que en estados como Yucatán, específicamente en Mérida, se reducirían 2 regidores pero aumentarían 221 en el interior, contradiciendo el discurso oficial de ahorro.

La coalición gobernante cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde y el PT para la aprobación de la reforma, que requiere mayoría calificada en el Congreso. La iniciativa representa el segundo intento de modificación electoral después del rechazo de una propuesta más profunda conocida como ‘Plan A’.

El debate en el Senado se espera intenso, con la oposición argumentando que la reforma busca principalmente beneficiar electoralmente al partido en el poder, mientras el gobierno insiste en que responde a principios de eficiencia y fortalecimiento democrático.