Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron este día frente a la presidencia municipal para denunciar actos de corrupción y hostigamiento laboral dentro de la Tesorería. Los empleados, representados por el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Público del Estado de Coahuila (SUETSRT), aseguraron que personal contratado externamente está realizando funciones que les corresponden, lo cual les impide trabajar y allegedmente facilita la comisión de irregularidades con dinero recuperado de deudores del impuesto predial.
Rosalva Rodríguez, secretaria general del SUETSRT, encabeza las demandas del grupo, quienes señalan específicamente al área de Ingresos como el foco de los problemas. Según los trabajadores, la presencia de personal externo en las oficinas de la Plaza Mayor, donde permanecen el subdirector de Ingresos Miguel Ramos y el director Roberto Barrios, ha desplazado a los empleados de base. Esta situación, denuncian, permite que se cometan “tranzas” con los fondos recuperados de los contribuyentes morosos.
Las protestas ocurrieron en las inmediaciones de la presidencia municipal, mientras que las oficinas de Rezagos y Notificaciones de la Tesorería, ubicadas en el edificio del antiguo Banco de México en la avenida Morelos y calle Cepeda, son el punto de operación donde se generan las tensiones. Los sindicalizados buscaron una audiencia con Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento, y con el tesorero Javier Lechuga Jiménez, para exponer su inconformidad, aunque los resultados de dicha solicitud no han sido confirmados al momento de esta publicación.
Ante las acusaciones, el alcalde Román Alberto Cepeda González atribuyó la inconformidad a necesarios “ajustes” administrativos destinados a mejorar la eficiencia del área de Ingresos. El edil respaldó al director Roberto Barrios y negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores de base. Aunque reconoció que los argumentos de corrupción “se respetan y validan”, minimizó las denuncias calificándolas como consecuencias naturales de los reacomodos de personal.
El conflicto se da en un contexto de crecimiento significativo en el presupuesto municipal. Mientras que en 2022 el presupuesto ejercido fue de 2 mil 850 millones de pesos, la administración actual maneja un presupuesto para 2026 de casi 6 mil millones de pesos. Los trabajadores mantienen su postura de que la inclusión de personal por honorarios carece de justificación operativa y esconde un esquema de desvío de recursos, sin que hasta el momento se hayan presentado evidencias documentales concretas de los supuestos actos ilícitos ni se haya detallado la identidad y procedencia exacta del personal externo contratado.
La dirección de Ingresos y la subdirección, encabezadas por Roberto Barrios y Miguel Ramos respectivamente, no han emitido una respuesta específica a las acusaciones de los sindicalizados. La tensión persiste entre la plantilla laboral y la administración municipal, con los empleados exigiendo claridad sobre sus funciones y el cese de lo que consideran prácticas irregulares en la recaudación de fondos públicos.
