Por Redacción:

Washington / Charlotte, viernes 12 de septiembre de 2025. El presidente Donald Trump pidió aplicar la pena de muerte al presunto responsable del homicidio de Iryna Zarutska, refugiada ucraniana de 23 años, asesinada a puñaladas dentro del LYNX Blue Line en Charlotte, Carolina del Norte. En mensajes públicos, el mandatario reclamó un “juicio rápido” y capital para el sospechoso Decarlos Brown Jr. (34); el caso escaló a nivel federal y volvió a encender el debate político sobre crimen y castigos. The Washington Post y ABC News documentaron las declaraciones y confirmaron que el expediente incluye un cargo federal que permite la pena de muerte o cadena perpetua.

Según los partes oficiales y reportes coincidentes, Brown Jr. enfrenta homicidio en primer grado a nivel estatal y un cargo federal por causar la muerte en un sistema de transporte público; fue detenido tras el ataque ocurrido el 22 de agosto y quedó a disposición de autoridades estatales y federales.

La Casa Blanca endureció el tono. En un post público, Trump calificó al agresor de “animal” y reiteró que “solo” merece la pena de muerte; la fiscal general Pam Bondi señaló que buscarán la máxima sanción disponible.

El caso puso bajo lupa el historial del acusado y las fallas del sistema. The Washington Post reportó que Brown Jr. acumulaba antecedentes de arrestos, episodios de salud mental y situación de calle, factores que alimentaron la controversia sobre supervisión y tratamiento antes del crimen. Aun así, expertos recuerdan que toda persona goza de presunción de inocencia hasta sentencia firme y que la solicitud de pena capital requiere un proceso fiscal independiente y aprobaciones formales.

En Charlotte, la muerte de Zarutska —quien llegó a EE. UU. tras huir de la guerra— desató vigilias y reclamos de seguridad en el transporte; medios locales han documentado refuerzos de patrullaje y la revisión de protocolos en estaciones y unidades. El tema ya permeó la campaña nacional, con discursos contrapuestos sobre penas máximas, salud mental y políticas de reincidencia.

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