Por Redacción
Washington, 22 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país a partir del próximo lunes, en caso de que el Congreso no logre un acuerdo para poner fin al cierre parcial del gobierno. La decisión responde a la crisis operativa que atraviesa la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuya falta de personal ha generado caos en las terminales aéreas.
Mediante su plataforma Truth Social, el mandatario indicó que la movilización de fuerzas de inmigración busca suplir la carencia de trabajadores en los puntos de control de seguridad. El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), vigente desde mediados de febrero, ha dejado sin salario a los empleados de la TSA, provocando la renuncia de más de 300 oficiales desde el 14 de febrero y causando largas filas en aeropuertos principales como Atlanta, LaGuardia y JFK.
Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, confirmó a la cadena CNN que los agentes del ICE serán trasladados a las instalaciones aeroportuarias el lunes. No obstante, el funcionario precisó que el personal migratorio no realizará trabajos para los cuales no estén capacitados, delineando un límite claro sobre las tareas que podrán ejecutar dentro de los procesos de seguridad aérea.
La medida se presenta como una solución de emergencia ante el colapso en la operatividad de la TSA, donde la reducción de plantilla ha comprometido la fluidez del tránsito de pasajeros. Mientras persiste la incertidumbre legislativa en Washington, la administración Trump busca mantener la operatividad en los nodos de transporte más críticos del territorio estadounidense mediante el uso de recursos federales disponibles.
Este despliegue marca un precedente en la gestión de crisis de seguridad interna, al integrar fuerzas encargadas tradicionalmente de la vigilancia fronteriza y migratoria en la infraestructura de aviación civil. La eficacia de la medida dependerá de la capacidad de los agentes para asumir funciones de apoyo sin afectar sus obligaciones primarias, en un escenario donde la presión política sobre el Congreso para desbloquear el presupuesto es máxima.
