Por Redacción

Cancún, 21 de marzo de 2026.- En el marco de la 89 Convención Bancaria, celebrada del 18 al 20 de marzo en este destino turístico, se planteó la urgencia de acelerar la digitalización de los sistemas de pagos en México y revisar las medidas contra el lavado de dinero, temas que congregaron a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, la presidenta Claudia Sheinbaum, directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y autoridades norteamericanas del Departamento del Tesoro.

El encuentro sirvió como plataforma para discutir los avances en la cooperación internacional en materia antilavado entre México y Estados Unidos, con la participación de representantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Red de Enforcement de Crímenes Financieros (FinCEN) y el Servicio de Rentas Internas (IRS) de la nación vecina, aunque no se detallaron acuerdos concretos más allá de la revisión de los progresos alcanzados.

En cuanto a la infraestructura financiera nacional, los datos presentados durante el evento destacan el volumen del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual procesó en 2025 más de 7,300 millones de operaciones por un valor cercano a los 600 billones de pesos, equivalente a 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Asimismo, se informó que el mercado fiduciario en México superó los 11.5 billones de pesos, aproximadamente 620 mil millones de dólares, al término del primer semestre de 2025. Ricardo Rangel, director ejecutivo de Negocio Fiduciario de Multiva, estuvo presente en las discusiones que abordaron este crecimiento significativo del sector.

La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del banco central subrayó la importancia estratégica de estos temas para la estabilidad económica y la seguridad financiera del país, en un foro que reunió a los principales actores del sistema bancario mexicano.

La convención concluyó con un llamado a mantener la colaboración entre el sector público, la banca privada y las autoridades internacionales para fortalecer los mecanismos de prevención de ilícitos financieros y continuar con la modernización de los medios de pago electrónicos.

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