Tijuana, 02 de abril de 2026.- El juez de control Joel Chávez Castro determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, quienes fueron vinculados a proceso por despojo de inmuebles en el fraccionamiento Laderas del Mar, extorsión agravada y asociación delictuosa.
El juez consideró que existen indicios razonados de que se cometieron los delitos y otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) seis meses de plazo para la investigación complementaria. “Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado”, señaló el juez Joel Chávez Castro.
De acuerdo con testimonios, en el periodo del 24 de julio de 2025 al 15 de marzo de 2026 sujetos armados ocuparon 40 unidades en obra negra y 11 viviendas ya terminadas del fraccionamiento Laderas del Mar. Entre los ocupantes se encontraban los dos imputados, quienes utilizaban vehículos de lujo.
El ofendido recibió amenazas de parte de Emmanuel, quien después de haberse acercado presencialmente a la víctima en una ocasión, le llamó telefónicamente en varias ocasiones.
En Coahuila, el secretario general de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que el gobierno estatal mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para que apoye en la expedición de una ficha roja. La Interpol realizaría la detención del extitular de la Notaría Pública Número 45, Fernando Nicolás ‘N’, señalado por su participación en un fraude inmobiliario y quien aparentemente está en España.
“Gracias a eso nos pudimos dar cuenta de las irregularidades y se le retiró el fiat, el gobernador Manolo Jiménez tiene claro que no se pueden permitir irregularidades por parte de los notarios públicos”, dijo Óscar Pimentel González. Al exnotario se le retiró el fiat debido a irregularidades detectadas.
Como resultado de las investigaciones, otros cómplices también fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Un grupo de 27 afectados denuncian un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Se espera que antes del 15 de abril de 2026 se resuelva la restitución del daño patrimonial para los afectados por el fraude en Coahuila.
