Mexicali, 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California logró la vinculación a proceso del exgobernador Jaime Bonilla Valdez por su presunta responsabilidad en un acto de corrupción relacionado con el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica. La decisión fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja durante una audiencia que inició a las 09:23 horas del 23 de marzo, donde se determinó que existen elementos para investigar al exmandatario por los daños al erario público.

El caso se centra en un contrato firmado por 4,500 millones de pesos con una vigencia de 30 años, otorgado a la empresa Next Energy. Según la acusación fiscal, se realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a dicha compañía, recursos que fueron entregados a pesar de que la planta fotovoltaica nunca fue construida. La investigación establece que el exgobernador, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021, es el principal responsable de la autorización de este convenio.

Durante el procedimiento legal, la defensa de Bonilla Valdez, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para contrarrestar las imputaciones. Sin embargo, el magistrado consideró suficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía para vincular al exfuncionario al proceso penal, lo que implica que Bonilla enfrentará la justicia por estos hechos mientras se desarrolla la siguiente fase del litigio.

Este evento jurídico ocurre en un contexto de tensión política entre el exgobernador y la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila. Aunque Bonilla llegó al poder bajo la bandera de Morena, actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT), lo que añade un componente de disputa partidista a las implicaciones legales del caso sobre la gestión de fondos públicos en la administración anterior.

La vinculación a proceso marca un punto de inflexión en las investigaciones sobre la obra fallida, ya que formaliza la situación jurídica de Bonilla Valdez ante la justicia local. A partir de este momento, el exgobernador deberá enfrentar las consecuencias legales derivadas de la asignación de recursos a Next Energy sin la contraprestación de la infraestructura energética prometida en el contrato original.