Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús Morales, también identificado como Juan Jesús ‘N’, vigilante del edificio ubicado en Avenida Revolución 829 de la colonia Nonoalco, por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez. La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el imputado.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, presentó una reconstrucción cronológica de los hechos. Según la hipótesis ministerial, Edith ingresó al inmueble alrededor de las 16:16 horas del 15 de abril. Entre las 16:23 y las 16:44 horas, el sistema de videovigilancia fue desconectado desde la caseta; en ese intervalo ocurrieron las agresiones que provocaron la muerte de la joven mediante heridas con un objeto punzocortante, compatible con un desarmador hallado en el drenaje del lugar.
Las autoridades indicaron que el imputado tenía control del acceso principal, el estacionamiento y la caseta de vigilancia. Peritos localizaron manchas de sangre en el tapanco, la escalera interna y la parte baja de la caseta, así como huellas de limpieza incompleta. Además, se encontraron pertenencias de la víctima, incluyendo su cartera en el baño de la caseta y su teléfono celular oculto en las instalaciones eléctricas del edificio. La Fiscalía aseguró también prendas de vestir de hombre con manchas hemáticas.
Ante estas acusaciones, la defensa apostó por tratar de echar abajo las acusaciones de la Fiscalía. Los abogados argumentaron que Juan Jesús ‘N’ nunca tuvo acceso al sistema de videovigilancia ni a las contraseñas del servicio de grabación, sugiriendo que las desconexiones podrían obedecer a una falla del sistema. Respecto a los hallazgos biológicos, la defensa sostuvo que la presencia de manchas hemáticas de la víctima en la caseta “pudo ser plantada” por las propias autoridades.
La investigación reveló omisiones en la respuesta inicial: aunque familiares de Edith acudieron al edificio cerca de las 23:00 horas del 15 de abril, el vigilante negó que hubiera ingresado. La denuncia por desaparición se presentó a la 1:10 de la madrugada del 16 de abril, pero la primera revisión policial no se concretó hasta las 8:30 horas de ese día, ya que el guardia indicó que se requería autorización del administrador. La Fiscalía reconoció que entre la denuncia y la inspección transcurrieron cerca de 15 horas, lo que constituye una omisión grave.
Se otorgó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, aunque existen discrepancias en los reportes sobre la duración exacta de dicho periodo. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene que los elementos encontrados “refuerzan la hipótesis de manipulación posterior a los hechos” por parte del imputado, quien habría desconectado las cámaras en múltiples ocasiones.
