Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Una serie de ataques violentos en distintos puntos del país ha cobrado la vida de al menos dos personas y dejado herido a un activista ambiental. En Jerécuaro, Guanajuato, fue asesinado Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa del municipio, dentro de un bar. En Juchitán, Oaxaca, Araceli Nieto, una joven emprendedora de 19 años, fue ultimada a balazos. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, Nayarit, el activista ambiental Erik Saracho Aguilar fue atacado por desconocidos, lo que motivó que la Fiscalía estatal ofreciera una recompensa de 100 mil pesos por información sobre los responsables.

El ataque más reciente ocurrió la noche del jueves 13 de marzo en Jerécuaro, Guanajuato, donde Eduardo Olvera García fue asesinado a tiros en un establecimiento comercial. El hecho ha conmocionado a la localidad y las autoridades locales no han especificado los motivos ni han identificado a los agresores.

Dos días antes, el martes 11 de marzo, Araceli Nieto, una joven de 19 años dedicada a la venta de ropa, fue asesinada en Juchitán, Oaxaca. Según reportes, la víctima recibió disparos mientras se encontraba en su domicilio. Este crimen se suma a la estadística de feminicidios en el estado, que según cifras preliminares, registra al menos 11 casos en lo que va del año 2026.

En un incidente separado, el activista ambiental Erik Saracho Aguilar fue atacado la mañana del 14 de marzo en Bahía de Banderas, Nayarit. Saracho, quien se ha destacado por su oposición a proyectos inmobiliarios en la zona, resultó herido. La Fiscalía General de Justicia de Nayarit informó que investiga el atentado y ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte datos que lleven a la captura de los responsables.

El contexto de violencia en estos estados es complejo. Guanajuato mantiene altos índices de delincuencia organizada, mientras que Oaxaca, particularmente la región del Istmo, enfrenta conflictos sociales y delictivos recurrentes. En Nayarit, la tensión entre desarrolladores inmobiliarios y defensores del medio ambiente ha escalado en los últimos años.

Las investigaciones en los tres casos continúan abiertas. Las autoridades no han establecido vínculos entre estos hechos, los cuales parecen responder a dinámicas locales distintas. La falta de detenciones y la impunidad característica en muchos delitos violentos del país generan preocupación entre la población y organizaciones civiles.