Bogotá, 22 de junio de 2026.- Durante un panel sobre tendencias electorales en América Latina realizado en esta ciudad, el académico Daniel Zovatto y la magistrada Mónica Soto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sostuvieron un intercambio respecto a los resultados de las elecciones federales de 2024 en México y la distribución de diputaciones plurinominales.

Zovatto, experto en procesos electorales, afirmó que Morena obtuvo una mayoría legislativa superior a la reflejada en los resultados electorales. “Morena, gracias a una interpretación de los resultados electorales, terminó teniendo un nivel de mayorías significativamente más alto que el que electoralmente le dio”, dijo el académico, quien consideró que existió una sobrerrepresentación del partido oficialista.

Por su parte, la magistrada Mónica Soto defendió la actuación del tribunal y rechazó que hubiera existido una interpretación distinta a la prevista en la Carta Magna. Soto sostuvo que el TEPJF aplicó la fórmula constitucional utilizada durante años en procesos previos. “El Tribunal Electoral aplicó íntegra y textualmente la Constitución. Es un argumento falaz”, declaró la funcionaria.

Ante la discrepancia, Zovatto insistió en que la resolución generó un amplio debate público y jurídico. Horas después del encuentro, el experto publicó un mensaje en su cuenta de X donde detalló que la controversia se debió a la interpretación del límite de sobrerrepresentación previsto en el artículo 54 constitucional.

En su postura posterior, Zovatto expuso que la sentencia cerró la vía jurisdiccional y permitió al bloque oficialista impulsar reformas constitucionales de gran calado. “La sentencia cerró la vía jurisdiccional, permitiendo al bloque oficialista de Morena impulsar reformas constitucionales de gran calado y altamente controversiales, aprovechándose de la súper mayoría que le concedió la mencionada sentencia”, escribió.

La magistrada reiteró que la resolución se sustentó en disposiciones constitucionales vigentes y en criterios previamente aplicados por las autoridades electorales mexicanas, manteniendo su defensa sobre la legalidad del proceso de asignación de escaños.