Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Félix Olmos, director general de Uber México, y Erasto Vázquez, director de MxTaxi, anunciaron una alianza estratégica que permitirá a los usuarios solicitar taxis concesionados directamente desde la aplicación de la plataforma de transporte. Esta integración, que se da tras 14 años de disputas entre ambos gremios, tiene como objetivo mejorar la movilidad en la capital de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento para el cual Ciudad de México será sede junto con Guadalajara y Monterrey. El acuerdo no convierte a los taxistas en socios conductores de la plataforma, sino que habilita su disponibilidad dentro del ecosistema digital de Uber.
Simultáneamente al anuncio de colaboración, persiste la tensión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), donde la Guardia Nacional mantiene operativos de vigilancia contra vehículos de transporte aplicativo. Según datos reportados, en promedio 20 vehículos de aplicación son infraccionados diariamente en la terminal aérea. Las autoridades imponen multas de 500 UMA, lo que equivale aproximadamente a 60 mil pesos por infracción, generando un conflicto latente entre la operación comercial de las empresas y la aplicación de la normativa en la zona aeroportuaria.
La contradicción entre el discurso de cooperación institucional y la realidad de los operativos policiales marca el escenario actual del transporte en la ciudad. Mientras Uber afirma trabajar con el gobierno para facilitar la movilidad, sus conductores continúan enfrentando sanciones severas por parte de agentes de la Guardia Nacional, como Alexis Fernández, quienes aplican la ley en las inmediaciones del aeropuerto sin distinción aparente de los nuevos acuerdos comerciales.
Este doble escenario ocurre en un momento crítico de preparación logística para el mundial de fútbol, donde se espera un aumento significativo en la demanda de transporte terrestre. La alianza busca absorber parte de este flujo mediante la suma de la flota de taxis concesionados a la oferta digital, aunque la incertidumbre regulatoria en puntos clave como el AICM podría limitar la eficacia operativa del nuevo modelo.
La situación refleja la complejidad de armonizar las políticas de movilidad urbana con la seguridad y regulación federal en zonas de alto tráfico. A falta de una postura oficial completa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la Guardia Nacional sobre cómo se coordinarán estos operativos con la nueva alianza, los conductores de aplicación operan bajo el riesgo constante de sanciones económicas elevadas.
