Por Monserrat Californias.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) presentó una denuncia ante la ONU, alertando sobre la anulación de la división de poderes en México. El motivo central de la queja se relaciona con la elección judicial impulsada por el gobierno federal, la cual consideran una violación a la independencia del Poder Judicial. La organización asegura que el Ejecutivo y el partido Morena han desoído resoluciones judiciales vigentes.
La JUFED detalló que el gobierno mexicano ha incurrido en un “abierto desacato constitucional”, al continuar con la promoción de la Reforma Judicial pese a mandatos de suspensión dictados por tribunales federales.
Este desacato, acusan, constituye una afrenta directa al Estado de derecho y una muestra del desprecio por el orden jurídico. La denuncia se presentará en Ginebra, Suiza, sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La elección de jueces y magistrados por voto popular, incluida en la propuesta de Reforma Judicial, ha generado un fuerte debate entre especialistas, académicos y juristas. La JUFED sostiene que esta medida politiza la impartición de justicia y debilita el principio de imparcialidad que debe regir en el Poder Judicial. Además, advierten que se ha iniciado una campaña de desprestigio contra los jueces que han fallado en contra del gobierno.
En su comunicado, la JUFED también manifestó preocupación por las amenazas a la autonomía judicial, al advertir que se busca subordinar al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo. Esta situación, alertan, podría derivar en una regresión democrática sin precedentes. El organismo insiste en que la independencia de los jueces es esencial para garantizar los derechos humanos y el cumplimiento del marco constitucional.
La denuncia internacional se suma a una serie de acciones que la JUFED ha emprendido en el país para detener la Reforma Judicial. Con esta medida buscan visibilizar el conflicto a nivel internacional y presionar al gobierno mexicano para respetar la división de poderes. La controversia promete escalar en las próximas semanas, mientras se discute la viabilidad de la elección judicial en el Congreso.
