Por Redacción
Iguala, 23 de marzo de 2026.- Nuevas líneas de investigación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han llevado a las autoridades a retomar indagaciones sobre la funeraria ‘El Ángel’, ubicada en Iguala, la cual había sido previamente descartada por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Bajo un nuevo esquema de trabajo implementado por la actual administración, la Fiscalía ha detenido a los dueños del establecimiento como parte de las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos en 2014.
La reactivación de este frente de investigación ocurre bajo la dirección del fiscal del caso, Mauricio Pasarán, quien ha sido instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum para entregar un informe detallado sobre los avances. La mandataria federal señaló que existe un análisis telefónico muy riguroso y evidencias que sugieren que la funeraria operaba de manera muy irregular, motivos que justifican la reapertura de la línea de investigación que en su momento fue desechada por los expertos independientes.
En relación con la difusión de estos hallazgos, la presidenta Sheinbaum indicó que ha solicitado al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, establecer contacto con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos para explicarles la situación antes de hacer pública la información oficial. La jefe del Ejecutivo enfatizó su preferencia de que sea la Fiscalía la instancia que brinde los detalles técnicos, con el objetivo de no interferir en el proceso investigativo en curso.
Este giro en la estrategia de búsqueda de verdad marca una divergencia con las conclusiones previas del GIEI, que en su momento eliminó a la funeraria ‘El Ángel’ de sus posibles vínculos con el crimen. Sin embargo, las nuevas autoridades sostienen que cuentan con elementos concretos, derivados de cruces de información y telecomunicaciones, que vinculan al lugar con la desaparición forzada de los normalistas, aunque no se han especificado públicamente los resultados forenses inmediatos ni la fecha exacta de hallazgo de restos en bolsas etiquetadas con el año 2014.
La detención de los propietarios de la funeraria representa un paso significativo en la renovada estrategia del gobierno federal para abordar el caso Ayotzinapa, el cual ha sido prioritario en la agenda de seguridad y derechos humanos de la actual administración. Mientras la Fiscalía recaba los elementos necesarios para sustentar sus acusaciones, las familias de las víctimas aguardan las explicaciones prometidas por el subsecretario Medina respecto a estas nuevas líneas de indagación que buscan cerrar las brechas de impunidad en uno de los casos más emblemáticos de México.
